Por Ramón González Barbet

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            Nuevamente se prenden las alarmas por las resoluciones que está tomando el actual Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería (FMCH), responsabilidad que recae directamente en José Antonio Salcedo López, como Presidente Nacional.

            Pero vámonos desde un principio, porque después de haber visto las incontables barbaridades que se cometieron en el pasado Campeonato Nacional Aguascalientes 2021, donde los Jueces de mujeres y hombres fueron manejados prácticamente a control remoto, con preferencias y dispensas para los cuates y con previas sanciones sobrevaluadas para algunos equipos y escaramuzas, que incluso validaron calas de caballo que ya habían sido descalificadas públicamente, el problema se solucionó con tan solo una llamada telefónica del afectado al Presidente Nacional y con ello validaron públicamente la suerte en alusión; todo esto, sin dejar a un lado que las Jueces aceptaron su error al haber calificado indebidamente a Las Alteñitas de Guadalajara, situaciones que los encargos de suspender charros y damas participantes, tan solo se voltearon para otro lado e hicieron como que no pasaba nada.   

            Pero ahora sí que rebasaron todos los límites al emitir un comunicado en el que ejecutan suspensiones definitivas adiestrara y siniestra: Marco Antonio Robles Rivera, suspendido por tiempo indefinido; Olga Zermeño de la Torre, suspensión de 2 años; Victoria Zermeño Barba, suspensión de un año; Ricardo Zermeño Barba, 2 años y Arturo Castro Tarín, por tiempo indefinido.

            Según la opinión de un reconocido Jurista de profesión, además experto en materia deportiva y especialmente en los Estatutos de la FMCH, comentó a este espacio que el comunicado enviado por la Secretaría General de esta Federación, conjuntamente con el Comisario, viene a violentar todos los requisitos y tiempos estatutarios, porque la FMCH es una institución administrativa mas no jurídica, por lo que bajo estas condiciones, no puede rebasar a tal grado los estatutos de la Institución, las Leyes Civiles y mucho menos la Constitución Política de México, que garantizan el derecho de audiencia, la presunción de inocencia y el debido proceso que no se respetó, desconociendo todo el Marco Jurídico de nuestro País; aquí si como dijo el Clásico “No digan que la Ley es la Ley”, porque en opinión de nuestro entrevistado, con quien estoy completamente de acuerdo, asegura que lo que hizo falta fue haber solucionado el caso con una llamadita telefónica al mismísimo Toñote, tal y como sucedió en Aguascalientes, y asunto arreglado, aunque quizá no en todos los casos, ya que queda al descubierto una verdadera revancha política.

            Otro aspecto que es digno de ponerse sobre la mesa es la sanción directa a 2 integrantes del sector femenil, siendo esta la primera ocasión que sucede en la historia de la Charrería Federada, con lo que una vez más se confirma la discriminación que en esta administración se ha venido ejerciendo sobre las mujeres, y la misoginia que prevalece y se confirma día a día.