Por Ramón González Barbet

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Ciudad de México / 08 Jun 23. Primera Parte Con un final feliz y como de telenovela concluyó el caso del caballo “Rompope”, evento que se suscitó a raíz de un video capturado durante el “Campeonato Estatal de la Cuidad de México” y exhibido por Elena Larrea, representante de un recinto para caballos maltratados llamado “Cuacolandia”, acción que una vez más confirma que la actual administración de la Federación Mexicana de Charrería (FMCH), encabezada por José Antonio Salcedo López, como Presidente Nacional, carece de institucionalidad y representatividad para cada uno de los elementos federados.

Todo este caso que se dio alrededor del caballo citado, en una secuencia de hechos básicamente provocados por la ignorancia de todos los involucrados, además del mal uso y abuso por parte de las Autoridades Capitalinas que intervinieron directamente, donde se exhibió un ejercicio injusto de funciones. Pero vámonos por partes.

 En el primer video se mostró ampliamente como Rompope fue golpeado en la cabeza, siendo un caso muy indignante, ya que se muestra un maltrato injustificado al animal, situación que no se puede ni se debe permitir, y menos entre charros, sin embargo, esta acción no justifica el decomiso inmediato por parte de Elena Larrea, ya que se rebasó, se ignoró y se violaron los derechos básicos y fundamentales de cualquier persona, como es la propiedad privada, pues ninguna Autoridad Jurídica emitió un juicio ni una sentencia, únicamente fue una denuncia social a través de redes sociales, y con base a estos hechos, se puede afirmar que  es evidente la ignorancia jurídica y estatutaria de la FMCH, además de la ignorancia del denunciante y la del Presidente de la Asociación de Charros de Azcapotzalco, Alejandro Aguilar, ya que de entrada, el propietario del equino, José Trinidad Balderas Pérez, ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse ni de explicar el motivo de dicho acto en contra de su ejemplar, pues desafortunadamente lo trasladaron acompañado de otro caballo, en un remolque que no garantizaba la seguridad de ambos animales.

Las palmas a la ignorancia fueron para las Autoridades Capitalinas, quienes de manera arbitraria y sin orden de alguna institución competente, decomisaron a Rompope para trasladarlo en un vehículo oficial de la Policía Montada Capitalina, con rumbo a las instalaciones de Cuacolandia, ubicadas en el Estado de Puebla.

Todo este caso es una cadena o secuencia de hechos que mostraron el gran poder de las Redes Sociales y el como se puede burlar la ley con base a una denuncia social, mas no jurídica, porque en primera se ignora la Naturaleza Jurídica de Cuacolandia, además del cargo que ostenta Elena Larrea en la Mesa Directiva de esa organización, por otro lado, cuáles son sus facultades de representación. Al parecer su acusación fue de carácter social, mas no una denuncia que cumpla la formalidad del procedimiento esencial que marca la Constitución General de la República, o en su defecto, ¿Cuál fue la Autoridad que emitió el acto de molestia para poder privar el derecho de propiedad al auténtico dueño de “Rompope”?

Lo que no entiendo es como la FMCH no intervino, si pagan 500 mil pesos de Asesores, como es posible que no contraten un abogado que los oriente en este caso y así poder apoyar a su representado, es más, sería interesante que dentro de la institución hubiera una comisión que ayude a resolver estas situaciones.